Caja de Retiro de las FF.MM.



El afiliado la razón de ser de CREMIL

martes, 24 de marzo de 2015

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL, ha buscado la manera de optimizar el proceso de gestión jurídica encaminado a garantizar la legalidad de sus actuaciones en beneficio de sus afiliados.

El  afiliado la razón de ser de CREMIL
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Por tal motivo, esta administración ha tenido como propósito agilizar y llevar a buen término los procesos judiciales dentro de un ámbito legal y transparente.

Aspecto por el cual CREMIL, viene siendo un modelo para las Entidades Estatales a nivel nacional, en cuanto a la asistencia y propuestas en los procesos de conciliación extrajudicial y judicial del IPC.

Por tal razón, se destaca el hecho que desde el mes de julio del año 2012 la Caja no apela las sentencias que cumplían con los requisitos para el reajuste del IPC.

Posteriormente, en el mes de febrero de 2013, CREMIL inició el proceso de conciliación en materia de IPC, como resultado de los parámetros fijados en la Mesa de Trabajo convocada por el Gobierno Nacional, en la cual participó la Entidad y otros organismos del orden nacional tales como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, Procuraduría General de la Nación, Departamento Administrativo de la Función Pública, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entre otras.

Para entonces, durante el ejercicio de la representación judicial de nuestra Entidad, se detectaron algunas dificultades para lograr las conciliaciones, tales como la asistencia a la totalidad de las audiencias extrajudiciales y judiciales a nivel nacional.

Por tal razón CREMIL ha venido fortaleciendo el procedimiento de asistencia a audiencias con acciones tanto preventivas como correctivas y un ejemplo claro de ello es la contratación de abogados fuera de Bogotá para brindar una mayor cobertura y aseguramiento del éxito de la gestión. Igualmente, el Comité de Conciliación día a día, se esfuerza en la creación de instrumentos que permitan el estudio y la decisión adecuada de las diferentes solicitudes de conciliación, todo ello de conformidad con los parámetros legales.

Los resultados favorables se ven reflejados en dos aspectos importantes, por un lado, se evitan las demoras en los procesos porque con la conciliación extrajudicial se evita un proceso judicial y por otro, con la conciliación judicial se termina de forma anticipada el proceso, si el afiliado así lo desea, descongestionando los juzgados administrativos.

CREMIL mediante comunicación escrita comunico a los afiliados que tenían derecho al IPC (al 31 de diciembre de 2004) y no habían presentado su petición por diferentes motivos. Fueron más de cuatro mil afiliados a los que le faltaba su reclamación y hoy con satisfacción este número se ha reducido considerablemente.

Gracias a la práctica de las conciliaciones judiciales y extrajudiciales se ha dado la reducción de las condenas en contra de la Entidad y el aumento de las conciliaciones celebradas y aprobadas judicialmente en materia de IPC, es el siguiente:

Concepto

Año 2014

Año 2015 (Corte 27-02)

Sentencias

1.593

99

Conciliaciones

2.417

241

Para el año 2013, el monto ejecutado por concepto de conciliaciones judiciales y extrajudiciales a los afiliados fue de $7.269.644.864; en el 2014 fue de $33.502.754.017 y en lo que va corrido del 2015 ha sido de $ 1.450.042.060.

Es así que la Caja invita a todos los afiliados y sus beneficiarios, que aún no han realizado el trámite de reconocimiento del IPC, a presentar solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación para así obtener de manera expedita el reajuste y pago con base en el IPC.

Es importante resaltar que la mayoría de los usuarios están satisfechos con estos procedimientos; la minoría restante argumenta razones que corresponden a fallos judiciales desfavorables a los demandantes, los cuales CREMIL debe acatar y cumplir; dichos fallos son anteriores a las sentencias del Consejo de Estado de 2012 (Consejo de Estado, 15 de noviembre de 2012, Magistrado Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Consejo de Estado, 29 de noviembre de 2012, Magistrado Ponente: Victor Hernando Alvarado Ardila), donde aún no había un criterio uniforme de los jueces y por ende eran diferentes.

Así las cosas, la gestión aquí descrita es indudablemente prueba del firme compromiso con nuestros afiliados de contribuir al reconocimiento de sus derechos y a simplificar los trámites judiciales en lo que compete a nuestra institución. Todo este trabajo es apenas una muestra de la voluntad absoluta de esta administración de lograr al cien por ciento la satisfacción de sus afiliados.

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