Caja de Retiro de las FF.MM.



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martes, 05 de junio de 2018

Sabias que, de acuerdo al artículo 5° de la ley 1066 de 2006, por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones, el grupo de jurisdicción coactiva de la Entidad, se encuentra facultada para realizar el presente cobro, tal como lo indica el siguiente texto: “Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.” Por lo tanto, La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, al ser una entidad que maneja recursos del Estado, tiene a su cargo el Cobro Coactivo; establecido como una facultad de la administración pública, para gestionar el cobro y recuperación de los dineros o créditos causados a su favor originado por multas, sentencias de condena, contribuciones, obligaciones contractuales, garantías, y demás que consten en un título ejecutivo.

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Es decir que cuando una Sentencia ordena pagar a favor de la Caja de Retiro de las Fuerzas militares unas sumas de dineros, tales acreencias son créditos de una entidad estatal y siguiendo lo dispuesto por los artículos 98 al 101 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, se establece que se harán efectivos por Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo las Sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor de la Entidad el pago de una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la Ley.


Al respecto debe decirse que: “desde su creación la Corte Constitucional en providencias de tutela (Sentencia T-445 de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero) y de constitucionalidad (Sentencia C-666 de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo) ha reiterado la naturaleza administrativa y no judicial del proceso de cobro coactivo, por considerar que se trata del uso de: “…un ‘privilegio exorbitante’ de la Administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales”.


 

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